Ley Pepe Sánchez: 8 años de un derecho conquistado que transformó la vida de los creadores audiovisuales en Colombia

El 9 de junio de 2017, el Congreso de la República de Colombia sancionó una ley que cambiaría para siempre el destino de los creadores audiovisuales del país. La Ley 1835, bautizada desde su origen como Ley Pepe Sánchez, en homenaje al legendario director, guionista y actor colombiano, reconoció por fin un derecho fundamental: el de recibir una remuneración equitativa por la comunicación pública de sus obras.

Hasta entonces, directores y guionistas colombianos —a diferencia de sus colegas en Europa— no recibían ni un solo peso cuando sus obras eran emitidas por televisión, proyectadas en cines o difundidas por plataformas digitales. Su trabajo se invisibilizaba en la cadena de valor, aun cuando era el motor artístico y creativo de la industria. La Ley Pepe Sánchez corrigió esa injusticia histórica.

El derecho a ser reconocidos (y remunerados)

La ley garantiza a los autores del audiovisual —específicamente directores y guionistas— el derecho a recibir un pago cuando sus obras son utilizadas públicamente con fines comerciales. Esta remuneración irrenunciable debe ser gestionada colectivamente por entidades creadas para tal fin como lo son DASC (Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión) y REDES (Red Colombiana de Escritores Audiovisuales), quienes desde 2019 comenzaron a recaudar y distribuir derechos.

“La ley no cayó del cielo —dice Alexandra Cardona Restrepo, guionista y presidenta de REDES—, es fruto del esfuerzo, la solidaridad y la terquedad de un grupo de autores que no aceptó la injusticia como destino”, en diálogo con AV Creators News.

Antes de su sanción, Colombia no podía reclamar las regalías generadas por sus obras en el extranjero. Según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), solo en 2014 el sector audiovisual recaudó 499 millones de euros en el mundo por comunicación pública. Sin una ley que los respaldara, los creadores colombianos quedaban fuera del sistema global de gestión colectiva.

Hoy, gracias a la Ley Pepe Sánchez, Colombia ha firmado convenios de reciprocidad con países que poseen legislaciones similares: España, Francia, Argentina, Chile, México, Italia, Bélgica, Países Bajos, Panamá y Polonia, entre otros. Esto les permite recibir pagos incluso por emisiones en el extranjero.

El cambio en cifras

Desde la puesta en marcha del sistema, DASC ha distribuido más de 7.000 millones de pesos colombianos en derechos a sus afiliados,  “Hoy en día somos una entidad bien formada, muy unida, que ha repartido mucho dinero a nuestros socios y que sigue creciendo cada año”, contaba Mario Mitrotti, director -fallecido en mayo de 2024- fundador de DASC, en una de sus últimas entrevistas con AV Creators News.

REDES, por su parte, ha superado los 500 autores afiliados y sostiene un sistema de pagos periódicos que se ha convertido en una fuente de ingresos estable y digna para guionistas que durante años quedaron excluidos del reparto económico de la industria.

La transformación del ecosistema audiovisual

Pero la ley no solo trajo recursos: trajo legitimidad, visibilidad y organización. “Esta ley ha cambiado la vida de cientos de directores colombianos”, afirma Teresa Saldarriaga, directora y actual presidenta de DASC. “Hoy existimos institucionalmente, tenemos una voz ante el Estado, ante las plataformas y ante la sociedad”, destacó en su diálogo con AV Creators News.

Ese fortalecimiento institucional permitió, entre otras cosas, la reciente inauguración de la Casa del Director, una sede adquirida y remodelada con fondos de Bienestar Social, que funciona como centro cultural y espacio de encuentro para la comunidad audiovisual.

Ambas organizaciones —DASC y REDES— impulsan también programas de bienestar, formación profesional y acciones legales para proteger a sus afiliados frente a nuevos desafíos, como los contratos abusivos o el uso de inteligencia artificial en reemplazo de voces y guiones originales.

Una gesta colectiva

La ley fue presentada en el Congreso por los legisladores Clara Rojas y Juan Manuel Galán, pero detrás hubo un movimiento amplio de creadores. En los debates parlamentarios y reuniones con autoridades se hicieron presentes figuras clave como Mario Mitrotti, Alexandra Cardona Restrepo, Teresa Saldarriaga, Sergio Cabrera (director), Rodrigo Triana (director) y el mismo Pepe Sánchez, quien dejó un mensaje audiovisual que conmovió a los congresistas antes de su fallecimiento.

La gesta no fue fácil. Como bien expresó Mitrotti, “hacer una ley siendo artistas es como cruzar el desierto del Sahara a pie”. Tuvieron que aprender el lenguaje jurídico, movilizarse políticamente y generar consensos en una industria dispersa. Pero el resultado es hoy un modelo ejemplar que inspira a otros países de la región.

Mirando hacia el futuro

A ocho años de su sanción, la Ley Pepe Sánchez se proyecta como una conquista estructural e irreversible. Representa la incorporación plena de los creadores al ecosistema económico del audiovisual, pero también un acto de justicia simbólica. “Por primera vez, la ley colombiana reconoce que los realizadores y escritores audiovisuales son autores por derecho propio, tan importantes como los escritores de literatura o los músicos”, subrayó en aquel momento la congresista Rojas en su defensa parlamentaria.

En un país donde el 3% del PIB corresponde a las industrias culturales, seguir fortaleciendo este tipo de marcos legales es esencial para consolidar un sector que genera empleo, identidad y riqueza simbólica. Y para que nunca más el talento creativo trabaje en silencio ni en la sombra.